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Los juicios orales: lo que podría salir mal

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Los juicios orales: lo que podría salir mal

El sistema acusatorio adversarial resulta, a primera vista, la solución obvia para subsanar tantos errores en el sistema de justicia vigente en México. Por una parte cambia el rol del poderoso y misterioso Ministerio Público y lo convierte en un fiscal acusador que representa los intereses del estado, por otro lado concede al gobernado (imputado) una serie de derechos, que si bien en papel existen hace tiempo, deben ser salvaguardados por un juez de control; a primera vista parece un escenario prometedor y verdaderamente democratizador, sin embargo, la realidad en México en ocasiones supera a la ficción.

En primer lugar jueces, ministerios públicos y abogados requieren de peritos en distintas áreas capacitados y capaces de demostrar su trabajo con certitud científica. En la mayoría de los estados de la república no se ha capacitado a estos CSI’s que darían sustento a los indicios presentados por un cuerpo investigador, que según la ley, sería distinto a la policía y que tampoco ha sido capacitado para realizar estas funciones.

En segundo lugar, asumiendo que los indicios sean “adecuadamente” recabados, embalados, analizados y las conclusiones presentadas por un experto con todas las credenciales en forma transparente y científica; en materia penal el ejercicio de la acción seguirá recayendo en las cuestionables garras del ministerio público, no sin antes haber pasado por las, aún más cuestionables garras de la policía.

Tanto abogados como oficiales de la corte fueron educados y entrenados para trabajar en un sistema obscuro que funciona tras bambalinas, resulta difícil pensar que con agrado cambiarán sus prácticas para hacerlas más transparentes. La población en general poco entiende el sistema judicial en México, ya ni hablar de sus derechos y obligaciones, es complejo adaptar, a un nuevo juego, a aquel que no sabe jugar el actual.

Los Juicios orales, el sistema acusatorio adversarial que ha sido exitosamente instaurado en Chihuahua y otros estados podría traer consigo un renovado y, muy necesario, fortalecimiento institucional al introducir en el proceso penal el elemento más necesario: transparencia. Sin embargo, cada que un área se ha “transparentado” en la historia moderna de México, otra a su vez se “obscurece” porque el paradigma que es menester cambiar es nuestra con validación de la opacidad institucional.

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